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Bomba de tiempo para el Líbano
Una reforma legal libanesa aprueba ceder algunos derechos, como el de obtener un permiso de trabajo, a los refugiados palestinos que llevan más de medio siglo viviendo en el país de los cedros. En la entrada de Borj El-Barajne monta guardia una pareja de policías libaneses. “Están aquí para impedir que entre ningún material de construcción, cemento o tierra”, comenta, en un susurro, el activista palestino Gabi Shamal. Aquí, como en el resto de campos de refugiados dispersados a lo largo de todo Líbano, los palestinos tienen prohibido construir. Líbano teme que esas edificaciones precarias se acaben convirtiendo en definitivas, y hace lo posible por evitarlo.
En Borj El-Barajne viven 16.000 palestinos, y es el segundo campo más grande de Líbano, donde, en total, malviven unos 400.000 refugiados y sus descendientes. De todos los países que acogieron a los palestinos tras lo que ellos llaman la 'nakba'('el desastre', la salida de sus tierras tras la creación del estado de Israel en 1948), Líbano es aquel en el que su situación es peor. No tienen libertad de movimientos, ni derecho a la propiedad, ni, hasta ahora, al trabajo: existe una lista de más de setenta profesiones de alto rango que tradicionalmente no podían ser ejercidas por palestinos, entre ellos la de ingeniero, médico o abogado.
“Todos los problemas se derivan del hecho de que aquí los palestinos no están reconocidos por la ley, no hay un texto concreto en el que se diga quién o qué es un refugiado palestino en Líbano”, asegura Roha Badran, directora de la Organización Palestina de Derechos Humanos (OPDH), con base en Beirut. “La negación de derechos es la forma normal de tratar a los palestinos en Líbano”, afirma.
Ahora, esa situación podría cambiar ligeramente. El parlamento libanés ha aprobado este pasado 17 de agosto una propuesta del líder del Partido Socialista Progresista, Walid Jumblatt, para garantizar un mínimo de derechos a los refugiados —entre otros, al trabajo y a la propiedad—, aunque no la ciudadanía. La iniciativa mantenía divididos a los diferentes grupos políticos del país en torno a estrictas líneas confesionales (algo, a pesar de las apariencias, extremadamente raro en Líbano): musulmanes, tanto suníes como chiíes, y drusos, apoyaban la medida, mientras que los dos grandes partidos cristianos —Falange y Kataeb, a menudo rivales políticos irreconciliables— se mostraban unidos en su rechazo a ésta.
“No podemos darles a los palestinos derechos de los que carecen muchos libaneses, dado el déficit en el fondo nacional de la seguridad social”, había declarado el líder del partido Falange, Sami Gemayel. Los partidos cristianos temen que esta medida sea un primer paso hacia el 'tawtin', la temida naturalización de los palestinos, que alteraría la delicada demografía del Líbano a favor de los musulmanes.
El acuerdo ha sido alcanzado en el último minuto entre el gobierno y sus aliados y el partido Kataeb, lo que ha permitido la aprobación de la ley que permite a los palestinos solicitar un permiso de trabajo, entre otros derechos menores. No sin oposición de algunos grupos cristianos.
“La comunidad cristiana no entiende por qué es importante dar derechos a los palestinos, así que los políticos cristianos temen que, si dan un paso en ese sentido, otro partido que se mantenga firme les quitará a sus votantes”, explica Badran. “Aunque el problema no son sólo los cristianos, hay muchos intereses en que los palestinos sigan en esta situación. Muchos musulmanes creen que si se le dan derechos a los palestinos, olvidarán su tierra y querrán quedarse. Por otro lado, hay muchos empresarios que explotan económicamente a los refugiados, que ahora están indefensos”, asegura.
“Tenemos una oportunidad de oro para darles derechos a los refugiados palestinos. Pensar que por permitirnos vivir con dignidad nos vamos a olvidar de nuestro país es ridículo, y es sólo un pretexto. Hay que hacerlo ahora, porque si esperamos a que se alcance una solución final al conflicto con Israel, será demasiado tarde”, comenta.
“Aquí no hagas fotos”, dice Gabi Shamal cuando nos adentramos en Borj El-Barajne. Delante hay un edificio custodiado por hombres armados con kalashnikovs. A los pocos metros, otro, y después, otro… Cada uno pertenece a una de las diferentes facciones palestinas y sus subsiguientes escisiones: FDLP, FPLP, FPLP-CG… Dentro de los campos, son las milicias palestinas las encargadas de mantener el orden. La policía no entra. Y algunos se aprovechan de eso.
Criminales y fundamentalistas
Los campos de refugiados palestinos son “una bomba de tiempo”, según Sahar Atrache, analista del International Crisis Group. “Hay muchos intereses en mantener los campos como zonas sin ley. Muchos criminales se ocultan allí, y los fundamentalistas islámicos también pueden organizar programas ilegales; entre los palestinos desesperados es muy fácil reclutar y radicalizar a la gente”, explica Badran. En 2007, el grupo radical Fatah Al-Islam ya protagonizó una insurrección en el campo de Nahr El-Bared que se saldó con cuatrocientos muertos.
En Borj El-Barajne, las condiciones son terribles: las tuberías de agua y los cables eléctricos penden juntos, enmarañados, a pocos centímetros de las cabezas de los transeúntes. “Este chico, Ahmed Ali se electrocutó por este motivo hace cinco meses”, dice Nazim Dirawi, encargado de asuntos sociales de la OLP en el campo, señalando la foto del muchacho de apenas quince años que pende de una pared mugrienta.
Muchos refugiados han dividido su parcela y construido una tienda en una de las habitaciones de la casa. Nemer Ibrahim ha conseguido enviar a sus hijos a la universidad, aunque está muy preocupado por su futuro: “Da igual, no van a encontrar trabajo como ingenieros. Y en lo que encuentren, de todos modos les van a pagar la mitad que a un libanés. Mira, por cada trabajo en el que un libanés gana 1.000 libras, a un palestino le pagan 500, o menos”, dice con amargura. “¡El gobierno libanés tiene que darnos derechos! Esta situación no se puede mantener”, asegura, posando delante de un cartel de Yasser Arafat.
Pero en Borj El-Barajne, incluso los tipos como Ibrahim pueden considerarse afortunados. 
Antes de concluir la visita, Gabi Shamal nos lleva a ver a la familia de Abu Walid, a quien le cortaron la pierna derecha por enfermedad. Ahora, la gangrena hace que la izquierda sea también insalvable. Durante la “guerra de los campos”, la batalla que entre 1985 y 1987 enfrentó entre sí a diversas facciones palestinas, a la milicia chií Amal y al ejército libanés, Abu Walid recibió una bala en el costado, y no siente su mano izquierda. Además, está prácticamente ciego. “No puedo pagar mis medicamentos. Hay gente que nos da tres dólares diarios, pero vivimos como mendigos”, se lamenta Abu Walid.
Las desgracias de la familia Walid, que salió de Haifa en 1948 durante la 'nakba', no terminan aquí. Uno de sus hijos se convirtió en “mártir” durante la “guerra de los campos”. La esposa de Abu Walid también está enferma, y a su hija le han encontrado un glaucoma en los ojos hace unos meses.
“La UNRWA [la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos] me da aspirinas, pero yo no necesito aspirinas”, gruñe Abu Walid. “Todo el mundo nos ha olvidado, nadie nos ayuda”, se queja su hija, Wehbi. Ni siquiera, dicen, el otro hijo superviviente, que vive en el mismo edificio, pero que nunca les visita.
“¿Sería mejor si no fuésemos refugiados?”, pregunta Wehbi. Para As-Shamal, el activista palestino, la respuesta está clara: “Si estuviesen reconocidos por la ley, este hombre podría aspirar a un tratamiento médico público”, explica. Pero ni él ni Roha Badran son optimistas respecto al alcance de lo obtenido en la votación. “Líbano no está preparado para dar este paso”, aseguran.