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Nuria Tesón
[El Cairo · Nov 2010]

Egipto reprime a la oposición ante las elecciones

Las elecciones legislativas del domingo están decididas antes de empezar, según los defensores de derechos humanos y se recrudece el acoso policial a políticos de la oposición.

El próximo domingo habrá elecciones legislativas en Egipto y el país parece una olla exprés. No sólo porque las parlamentarias sean consideradas por muchos una toma de temperatura de lo que podría suceder dentro de un año en los comicios presidenciales, sino porque esta campaña está resultando incluso más virulenta en detenciones, restricción de libertades e impunidad que en 2005. 

En la votación se elegirá una nueva Cámara Baja, controlada actualmente por el gobernante Partido Nacional Democrático (PND), el grupo político del presidente Hosni Mubarak, de 82 años y en el poder desde 1981.

“La nueva modalidad de presión es que [los policías] te paren en la calle, te retengan sin cargos durante un día o dos en un lugar desconocido y luego te suelten en alguna zona deshabitado en las afueras de la ciudad. Es su forma de amedrentarnos”, asegura un activista cairota de derechos humanos que prefiere guardar el anonimato. Ese fue el caso de Amr Salah, investigador del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo (CIHRS) y de Walid Shawki, miembro del Movimiento 6 de Abril, que fueron “abducidos”, durante la fiesta musulmana del Eid, explica el activista.

Desde 1981 está vigente en Egipto la Ley de Emergencia que permite a la policía y fuerzas de seguridad tener amplios desmanes al autorizarles a llevar a cabo detenciones arbitrarias y mantener a personas retenidas indefinidamente. Dicha norma ha sido utilizada ampliamente para reprimir a la oposición ya que permite a los agentes de seguridad prohibir o dispersar las manifestaciones relacionadas con las elecciones, las reuniones.

Los Hermanos Musulmanes, la principal fuerza opositora del país, que cuentan con un quinto de los escaños de la Asamblea Legislativa, han sido uno de los grupos más presionados. A pesar de estar ilegalizada desde 1954, esta organización de base islamista tiene un respaldo social muy amplio y presenta a sus candidatos como independientes. Sin embargo, sus intentos de hacer campaña en cualquier parte del país han terminado en enfrentamientos con la policía en lo que consideran una treta del Gobierno para reducir su popularidad.

El pasado martes los Hermanos Musulmanes denunciaron el intento de asesinato de su candidato parlamentario Mohamed al Katatni por seguidores de un aspirante del gobernante Partido Nacional Democrático (PND). En un comunicado, la asociación islamista aseguraba que “matones del candidato del Partido Nacional en la circunscripción de Bandar al Mynia (al sur de El Cairo) intentaron asesinar” a Al Katatni.

En 2005 los Hermanos se hicieron con 88 de los 444 escaños del Parlamento (este año habrá 508).  Ese año más de una docena de personas perdieron la vida cuando partidarios de la Hermandad se enfrentaron con la policía que cerró los colegios electorales tras un avance sorpresa de los islamistas. Una hazaña que muchos dudan que sean capaces de repetir (no lograron ni un solo asiento en las elecciones de la Shura), por el férreo control que el PND mantiene sobre ellos.

Desde principios de octubre, han sido detenidos 1.200 de sus militante, 600 en la última semana. “Más de 250 personas siguen en prisión y los demás viven con miedo después de haber sido liberados”, asegura  Mohamed Badr, un portavoz del grupo islámico. Los Hermanos consideran  que esta intimidación es una forma de fraude electoral. “Han sido encarcelados por tratar de hacer campaña por los candidatos. “Es otra señal de que el Gobierno tiene miedo de dar a la gente la libertad para votar y vivir sus vidas “, concluye Badr.

Cinco de los más relevantes políticos de la Hermandad fueron eliminados de la lista de candidatos en El Cairo. Y de nada sirvió a los aspirantes manifestarse ante la oficina del portavoz de la Asamblea Popular, ni acusar a las fuerzas de seguridad de actuar como el "ala militar del Partido Nacional Democrático".

A pesar de la represión, muchos analistas, sin embargo, apuntan a los propios islamistas como responsables de una posible derrota en los comicios. En los últimos cinco años no han hecho ningún esfuerzo real para transformarse de una asociación religiosa en partido político, y tampoco han solicitado formalmente al Gobierno que legalice su partido, como han hecho otros.

Elecciones decididas

"No es una exageración decir que las elecciones están decididas antes de empezar. Todos las medidas que han llevado a cabo conducen a unas elecciones amañadas y falsas, comenzando con el control total del Ministerio del Interior en todo el proceso", explica Gamal Eid, director ejecutivo de lal Red Árabe para la Información de Derechos Humanos (ANHRI). "Quién se atreverá a decir que habrá elecciones honestas y mucho menos a llamar a esta farsa elecciones?"

Organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado ampliamente las condiciones adversas que están sufriendo los opositores durante la campaña. “Las autoridades egipcias deben defender los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión y garantizar que no se detenga arbitrariamente a manifestantes pacíficos. Los derechos de todos los candidatos y de sus simpatizantes deben ser defendidos sin discriminación”, señala el investigador para Egipto de Amnistía, Said Haddidi.

En esta misma línea, Human Rights Watch cuestionaba esta semana que las elecciones pudieran ser “limpias”. A juicio del subdirector de Oriente Medio y Norte de África de esta organización, Joe Stork, “la combinación de leyes restrictivas e intimidación (…) hace extremadamente difícil que los ciudadanos elijan libremente a las personas que quieren que los representen en el Parlamento”.

Los medios de comunicación tampoco se han librado del control de la autoridad. A principios de noviembre una coalición egipcia de organizaciones de derechos humanos denunciaba lo que llamaron “un clima sin precedentes de intimidación creado por las autoridades dentro de medios impresos y visuales, especialmente en medios de comunicación independientes”, después de la clausura de varios programas en antena, críticos con el Gobierno.

Además, constataban “una escalada de represión violenta del derecho de reunión pacífico y la participación política”. Los informadores han recibido normas estrictas sobre la cobertura electoral con prohibiciones explícitas de hablar filmar o grabar en los colegios, salvo autorización expresa del presidente de la mesa. Lo que demuestra, según el CIHRS “que las próximas elecciones no cumplen con los estándares internacionales para unas elecciones libres y justas”. Por el contrario, “demuestran que las elecciones se basan en la corrupción legislativa y constitucional, y en la existencia de un estricto control administrativo y ejecutivo”.

Estados Unidos ha insistido ante estos hechos en la necesidad de que se permitan observadores internacionales que garanticen la transparencia de la votación sin embargo Egipto se ha negado en redondo y ha mostrado su rechazo a lo que denomina un intento de intervencionismo.  “Las últimas posiciones adoptadas por la administración [estadounidense] hacia los asuntos internos de Egipto son inaceptables”, señalaba la semana pasada el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un comunicado.

El Gobierno egipcio insiste en que es capaz de vigilar los próximos comicios y demostrar al mundo entero que puede administrar “unas elecciones completamente imparciales”, según ha declarado el primer ministro, Ahmed Nazif.

Sin embargo pocos dan crédito a estas garantías. “Los  partidos de la oposición son reprimidos, el PND usa matones para hostigar a periodistas y rivales y no hay una verdadera supervisión judicial”, explica la bloguera egipcia Zeinobia. El máximo responsable de la Comisión Electoral Suprema (HEC), Al-Sayed Abdel Aziz, declaraba a un diario egipcio hace unos días que no habría “ninguna supervisión” de las elecciones parlamentarias del domingo, subrayando que el papel de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos se limitará al “seguimiento” no a la “vigilancia”. A cuatro días de las elecciones, según Human Rights Watch, “123 organizaciones de dos de las principales coaliciones de supervisión (egipcias) no han recibido todavía ni uno solo de los 2.229 permisos solicitados”.

“Están rompiendo todas las reglas lógicas del juego electoral”, lamenta Zeinobia, “mientras no tengamos supervisión internacional lo máximo que espero en las elecciones del domingo es un gran circo”.

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