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Traficantes de armas de altos vuelos
Los mayores traficantes de armas escapan a la justicia gracias a la ineficacia de la ley internacional. Algunos incluso hacen negocios con los gobiernos que los persiguen, otros se presentan como políticos o se codean con lo más granado de la sociedad europea. A menudo coinciden en Marbella o Ibiza. Son empresarios con un pie en la cárcel o grandes bandidos con corbata, fiestas en Cannes y mansiones en Marbella. Viven en una franja gris entre el crimen organizado y el ‘holding’ poderoso que consigue contratos por cuenta de Washington o Madrid. Tienen causas pendientes con la Justicia —la mayoría por tráfico de armas— en Estados Unidos o Europa, pero poseen pasaportes de países —a menudo de varios distintos— que les permiten vivir, viajar y hacer negocios con toda legalidad. Mueven muchos millones de euros al año, parapetados en la inoperancia de la Justicia.
Uno de los diez grandes del negocio, el sirio Monzer Al Kassar, cayó el pasado 7 de junio en el aeropuerto de Barajas. Fue detenido por petición de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), que le acusa de haber vendido armas a la guerrilla colombiana Farc. No es la primera vez que Al Kassar, de 61 años y residente en Marbella desde hace décadas, pisa una cárcel española: tras varias condenas por tráfico de drogas en su juventud, fue detenido en 1992 por orden del juez Baltasar Garzón por violar el embargo de venta de armas a Croacia, pero pronto volvió a la calle. Tres años más tarde fue juzgado y absuelto en relación con el secuestro del crucero Achille Lauro, perpetrado por guerrilleros palestinos en 1985. Si se confirma ahora que el negocio de armas con las Farc no fue más que una trampa de la policía estadounidense, es decir, un delito provocado, España lo volverá a liberar.
Monzer Al Kassar fue uno de los implicados en la operación Irán-Contra, en el que miembros de la Administración Reagan vendieron armas a Irán para financiar con las ganancias a un grupo armado derechista de Nicaragua, según el informe de la Comisión Tower, que investigó el escándalo, y que señaló la participación de otro residente en Marbella: el saudí Adnan Khashoggi.
El diario británico The Guardian considera a Khashoggi intermediario habitual entre la familia real saudí y gigantes armamentísticos norteamericanos como Lockheed Martin o Boeing. En 1988, a raíz del escándalo Irán-Contra, fue detenido en Suiza por evasión de capitales y extraditado a Estados Unidos, pero absuelto por falta de pruebas. 
La Comisión Tower afirma que Adnan Khashoggi y Monzer Al Kassar utilizaron el Bank of Credit and Commerce International (BCCI) para financiar la operación Irán-Contra. En 1991, este banco colapsó y dejó deudas por valor de 12.000 millones de euros, según la BBC.
Negocios desde la cárcel
Khashoggi también tuvo que ver con el colapso del Bangkok Bank of Commerce en 1996. Eso, al menos, cree el Gobierno tailandés, que, según el diario El Mundo, ordenó en 1997 su búsqueda y captura por “conspirar” con el presidente del banco, Krikkiat Jalichandra, y su asesor, Rakesh Saxena, que habrían cometido un desfalco de 1.600 millones de euros. Saxena, financiero de origen indio, fue arrestado en 1996 en Canadá por petición del Gobierno tailandés y sigue bajo arresto domiciliario. Está luchando para evitar su extradición, pero no ha dejado de hacer negocios: el sudafricano Institute for Security Studies (ISS) afirma que, en 1997, Saxena intentó financiar el envío de mercenarios para restaurar en el poder al presidente sierraleonés Ahmad Kabbah.
El ISS coincide con el periodista norteamericano Robert Baer en señalar al británico Tim Spicer, entonces empleado de Sandline International, como responsable de la operación. Spicer, hoy director ejecutivo de Aegis, una de las mayores empresas de mercenarios, con sede en Londres y contratos millonarios en Iraq, rechaza la acusación.
Los vínculos familiares de Khashoggi cubren lo mejor de la alta sociedad europea: es tío de Dodi Al Fayed, pareja sentimental de la princesa Diana de Gales, y su ex mujer Soraya fue amante del ministro británico Jonathan Aitken, condenado en 1999 por mentir sobre sus contactos con traficantes de armas saudíes. La hija de Soraya y Aitken, Petrina Khashoggi, es una famosa modelo británica y huésped de galas benéficas. Toda una tradición familiar: la última vez que Adnan Khashoggi se retrató en público fue en 2005, durante una gala del Festival de Cine de Cannes para luchar contra el sida.
Más discreto —tanto que no hay foto de él— es otro hombre de negocios que durante los años noventa residía en Ibiza: Leonid Minin. Este traficante de armas de origen ucraniano, según Naciones Unidas antiguo jefe de la mafia de Odessa, fue detenido en 2000 en Milán por posesión de 20 gramos de cocaína y condenado a dos años de cárcel. Pese a que la policía halló diamantes por valor de 300.000 euros y certificados de usuario final falsos para la venta de armas, Minin fue puesto en libertad en 2002, ya que la Fiscalía no fue capaz de probar que sus negocios con Liberia hubiesen puesto en peligro la seguridad de Italia “aun cuando el tráfico de armas haya violado el embargo de Naciones Unidas”.
Greenpeace, no obstante, ya había denunciado en 2001 que Minin era el intermediario entre el dictador liberiano Charles Taylor y la empresa española Fórum África (filial de Fórum Filatélico). El año anterior, el panel de expertos de Naciones Unidas había señalado que la empresa maderera de Minin, ETTE, estaba implicada en el tráfico de armas para Sierra Leona, también bajo embargo entonces. Otro informe de la ONU estableció la participación de Minin en en la venta de seis helicópteros al Gobierno de Kinshasa en 2002.
Cinco pasaportes
Hoy se sabe poco de Minin, que viaja con pasaporte israelí, alemán, ruso, boliviano o griego bajo al menos seis seudónimos distintos, excepto que en 2004 inició un juicio contra la Comisión Europea, que había congelado bienes suyos en el marco de las sanciones contra Taylor y sus aliados. El 31 de enero, el Tribunal de la UE rechazó la denuncia y le condenó a pagar los costes.
Peter Landesman es uno de los pocos periodistas que han entrevistado a lo que él llama el mayor traficante de armas del mundo, Victor Bout, dueño de una flota de aviones compuesta de cargueros rusos Ilyushin. Según el reportaje de Landesman, publicado en 2003 en el New York Times, Bout empezó en los años noventa su negocio de logística en África, pasando de mercancías como flores o pollos congelados a equipos mineros, fusiles de asalto, munición y helicópteros de ataque... e incluso a cascos azules, soldados franceses y jefes de Estado, en palabras del propio Bout, que admitió a Landesman que proporcionaba material bélico a la Alianza del Norte en Afganistán y que tuvo trato con los talibán, después de que éstos capturaran un avión suyo. El Ejército de España alquiló los servicios del traficante ruso Victor Bout para transportes aéreos Ya en 1996, su compañía aérea basada en los Emiratos Árabes tuvo más de mil empleados.
La Red Internacional de Acción contra el Tráfico de Armas (IANSA) acusa a Bout de haber llevado armas a Liberia, Sierra Leona y Angola, violando los embargos. En 2002, Bélgica emitió una orden de búsqueda y captura por lavado de dinero contra él, pero en 2004, según publicó el Financial Times, la Administración Bush presionó a Londres para que no incluyera a Bout en la lista de allegados a Charles Taylor, lo que hubiera supuesto la congelación de sus fondos. El probable motivo: una de las compañías aéreas de Bout participó en el envío de material norteamericano a Iraq. Concretamente, según la revista Foreign Policy, a través de una subcontrata de KBR, filial de Halliburton, el gigante empresarial vinculado al vicepresidente Dick Cheney.
Gracias a su red de empresas pantalla, Bout tuvo incluso trato con el Ejército español: según una nota de prensa de Europa Press de julio del año pasado, la empresa Servicios Logísticos Integrados, hoy parte de la multinacional UTi, contratada por Defensa para realizar transportes militares, recurría a los servicios de Transavia Export Cargo, una empresa que, según confirma un informe de Naciones Unidas, forma parte del intrincado conglomerado en manos de Victor Bout. Transavia Cargo, registrada en Guinea Ecuatorial, aparecía en marzo de 2006 en la lista negra de compañías aéreas a los que la Unión Europea veta sus aeropuertos. Ni el Ejército ni Servicios Logísticos Integrados han querido aclarar a La Clave si se mantiene el vínculo con Transavia Cargo.
Cuentas congeladas
Uno de los socios africanos de Victor Bout, según Naciones Unidas, es el hombre de negocios keniata Sanjivan Ruprah, de origen indio. La ONU le acusa de haber violado el embargo de armas de Liberia. En 2002, la policía belga lo arrestó y lo acusó de utilizar pasaportes falsos. Fue puesto en libertad bajo fianza y detenido y liberado poco más tarde en Italia, pero hoy no se sabe nada de su paradero. Desde noviembre pasado, Estados Unidos mantiene congeladas sus cuentas, al igual que las de Victor Bout.
500.000
dólares ofrece EE UU por la entrega del ex traficante de armas chileno Carlos Cardoen
Una sanción similar sufre desde 2005 el norteamericano Richard Chichakli, sobrino del ex dictador sirio Adib Chichakli, jubilado del Ejército estadounidense con condecoraciones, y al que el Departamento de Finanzas de Estados Unidosconsidera “el gerente financiero principal de Bout”. Chichakli denunció esta decisión en los tribunales, pero el 4 de junio pasado, un juzgado de Dallas, en Texas, mantuvo la sanción.
Estados Unidos ha dado cobijo a varios grandes traficantes. El más célebre es Sarkis Soghanalian, de 77 años, nacido en una familia armenia en Siria y criado en Líbano. IANSA lo considera el principal comerciante de armas norteamericano durante la Guerra Fría y cree que se encargó de pertrechar a Sadam Husein contra Irán, a Anastasio Somoza en Nicaragua, a Mobutu Sese Seko en el antiguo Zaire y a la Falange durante la guerra civil libanesa. En 1991 fue detenido y hallado culpable de haber conspirado para vender ilegalmente helicópteros y lanzamisiles a Iraq.
IANSA señala que en 2000, Perú acusó a Soghanalian de haber vendido 10.000 fusiles AK-47 a las Farc colombianas, algo que el traficante consideró “completamente legal”. En 2001 fue detenido y acusado de fraude en Estados Unidos, pero salió pronto en libertad a cambio de ofrecer “información valiosa”. Landesman afirma que Soghanalian vive hoy en Aqaba, en el sur de Jordania.
Otro de los grandes comerciantes es John Bredenkamp, un empresario de 67 años, con pasaporte holandés y zimbabuense y residente en Inglaterra. En los años setenta hizo fortuna en el negocio del tabaco, supuestamente exportando hojas de tabaco de la entonces Rodesia, bajo embargo internacional, y proporcionando armas a Ian Smith, el dirigente de este país dominado por granjeros blancos, algo que él niega. Tras la victoria de la guerrilla liderada por el actual presidente, Robert Mugabe, Bredenkamp cambió de bando. Naciones Unidas considera probado que el empresario, con “un historial de vender clandestinamente equiposmilitares” participaba, a través de su empresa Tremalt, en la explotación de cobre y cobalto en Congo y que vendía armas al Ejército zimbabuense —muy implicado en la explatoción minera del país vecino— y al congolés. Recomendó en 2002 congelar las cuentas del empresario y prohibirle viajar.
El que Bredenkamp vendiera armas al régimen de Mugabe, bajo embargo del Reino Unido, causó indignación en el Parlamento británico pero, en palabras del diputado Paul Farrelly, “no vulneraba las leyes británicas, ya que se hizo a través de compañías basadas en el extranjero”.
Bredenkamp, dueño del ‘holding’ multinacional Breco —cuya división de representación de deportistas, Master International, gestiona los derechos del ajedrecista ruso Gary Kasparov— sólo admite ser agente del fabricante de armas británico BAE Systems, para el que gestionó contratos con varios Gobiernos africanos. Uno de ellos, cerrado con Sudáfrica, es investigado desde el año pasado por la Oficina de Fraudes de Reino Unido por posibles comisiones ilegales.
El retiro del traficante
Diversificar las actividades es un frecuente método para asegurarse un retiro tranquilo. Así, el fabricante de armas chileno Carlos Cardoen, que en los ochenta hizo una fortuna vendiendo helicópteros y en 1988 abrió en Pontejo (Cantabria) la fábrica Imecsa, destinada a producir bombas de racimo, hoy sólo se dedica a la producción de vinos. Pero no escapa a su pasado: Estados Unidos lo mantiene desde 1993 en búsqueda y captura —ofrece 500.000 dólares de recompensa— por haber vendido a Sadam Husein las bombas de racimo producidas en España con circonio estadounidense, exportado de forma fraudulenta.
En Chile, Cardeon tiene muchos amigos. “Gracias a sus empresas, Chile pudo armarse en 1979, en un momento tremendamente complicado, a un pelo de tener una guerra con Argentina”, recuerda un alto cargo del Ejército chileno a La Clave. La semana pasada, el Parlamento chileno pidió oficialmente “solucionar” la situación judicial del ex traficante.
Ilícito es el último libro de Moisés Naím (Libia, 1952), ex ministro de Fomento de Venezuela, ex director del Banco Mundial y redactor jefe del la revista Foreign Policy, editada en Washington. Analiza los cinco grandes negocios ilegales del planeta: armas, drogas, tráfico de personas, falsificaciones y blanqueo de dinero.
¿Cuál es el negocio más rentable?
Ya no hay diferencias geográficas ni sectoriales. Las bandas que un día trafican con mujeres al siguiente trafican con armas y dentro de un mes mueven un cargamento de cigarrillos. No se trata de una gran mafia mundial, sino de cientos de células que no responden a una autoridad central. Su principal especialidad es la logística, no los productos.
¿Cuánto dinero mueven?
La venta al por menor de drogas, armas o personas debe mover un trillón de dólares al año. El dinero se desagrega, se fragmenta y se vuelve a juntar, y al final alguien controla un monto muy grande.
¿Dónde se blanquean estas sumas?
El paraíso fiscal evoca en la gente la imagen de una isla en el Caribe o en el Pacífico, como Nauru, donde hay miles de bancos que blanquean el dinero ruso. Pero hay otras islas donde se hace lo mismo: la isla de Manhattan o la isla de Inglaterra. El Financial Times dice que uno de los mejores lugares para blanquear dinero es la ‘city’ de Londres. Muchas de estas cosas están escondidas a plena vista.
¿La UE no puede impedirlo?
Es un negocio global, más o menos inmune a las intervenciones locales. Se cree que el problema es criminal y se controla con policías y jueces que identifican a los malos y los ponen en la cárcel. Pero esta idea es falsa. El problema tiene partes diplomáticas y partes relacionadas con la seguridad nacional. La línea que separa lo legal de lo ilegal en el sector privado, o lo político de lo criminal en el público, ya no es una línea, sino una banda gris.