Arena en los ojos

Marruecos tiene 30 millones de habitantes. La población saharaui puede alcanzar unos 150.000 almas, tirando por lo alto. Una proporción como la que se da entre el conjunto de España y la ciudad de Almería. Avanzo estas cifras, porque no parecen obvias a la luz del debate que se da estos días con motivo de la cumbre euro-marroquí de Granada.

La reunión pretende afianzar la posición de Marruecos como interlocutor político y, sobre todo, económico de la Unión Europea; paralelamente a la conferencia de altos cargos europeos y ministros marroquíes hay un encuentro de 250 empresarios de ambos lados del Estrecho, confirmando lo que ya sabíamos: la política es el arte de hacer posible el negocio.

Numerosas redes sociales se han lanzado a denunciar este proceso con un argumento principal: Marruecos no es digno de tener un trato preferente con la Unión Europea porque no permite la autodeterminación del antiguo Sáhara español y reprime los derechos humanos de los saharauis.

La primera reivindicación ―el referéndum de autodeterminación, pospuesto desde hace 20 años― es un enroque en una postura de principios: hay que cumplir con el derecho internacional. Muy defendible como opción ética, es una línea pocas veces aplicada a otros conflictos, en los que habitualmente se busca un arreglo realista, es decir tomando en cuenta la relación de fuerzas sobre el terreno (hoy ni los acérrimos militantes pro palestinos defienden resolver el conflicto israelí basándose en el plan original de Naciones Unidas y los derechos de los refugiados).

Hay pocos visos de que Marruecos esté dispuesto cambiar una política inmovilista de 30 años para avanzar unos pasos en la relación con la Unión Europea (la plena integración como miembro de la UE, solicitada por Rabat ya en 1987, fue rechazada por motivos geográficos); no está claro si la protesta hará algo más que reafirmar a los propios manifestantes en sus convicciones éticas.

Más reveladora es la referencia a los derechos de los saharauis en los territorios bajo administración marroquí: o bien interpreta que únicamente los saharauis sufren represión en Marruecos o bien deja claro que la represión que sufren 30 millones de marroquíes no es digna de atención.

Lo primero no es cierto: en lo que a Rabat respecta, los saharauis son ciudadanos marroquíes de pleno derecho. La persecución que sufren no se distingue en absoluto de la que sufre cualquier marroquí que se opone a la doctrina oficial en lo referente a la ‘integridad territorial’ o la función de la monarquía. Nadie habló de la huelga de hambre de Zahra Boudkour: no se declaró independentista sino republicana y marxista No existe una persecución contra el colectivo étnico saharaui (que incluso goza de ciertos privilegios) sino una persecución política contra los disidentes.

Cabe concluir, pues, que para las organizaciones pro saharauis de España, la represión que sufren 30 millones de marroquíes no es digna de mención: ellos no cuentan. El caso de Aminatu Haidar llenó los telediarios; casi nadie en España, no obstante, habló de la huelga de hambre de Zahra Boudkour, 21 años, detenida en Marrakech en mayo de 2008, torturada y condenada a dos años de prisión en julio de 2009 junto a diez camaradas. Zahra Boudkour no se declaró independentista sino marxista y republicana.

Así, la conferencia de prensa de los tres periodistas exiliados ―Ali Amar, Aboubakr Jamaï y Ali Lmrabet― del 6 de marzo en Granada sólo encontró hueco en algún diario menor: en los periódicos de mayor difusión sigue siendo Aminatu Haidar quien aparece como contrapeso público de Mohamed VI.

En resumen: ni siquiera el cierre judicial y político del semanario Le Journal ―junto a su hermano y rival TelQuel portavoz del Marruecos librepensador, democrático, disidente― en enero pasado sirvió para dar a conocer en España la asfixia de la prensa libre, los encarcelamientos de periodistas, blogueros, dueños de cibercafés, la represión creciente de toda oponión diferente a la línea oficial, ésta cada vez más cerrada, cada vez menos dispuesta a permitir las libertades individuales. 

No: el movimiento español pro saharaui ―cuyos dirigentes llegan a jugar con expresiones heredados de un rancio colonialismo antimarroquí― necesita enarbolar banderas y siglas, mapas y fronteras para defender una causa que llama humanitaria cuando es nacionalista. Da desazón ver cuántos artistas españoles se adhieren a esta causa sin cuestionarla. Nadie, en el reciente recital granadino “con las mujeres saharauis”, dijo que hoy por hoy, las saharauis que viven bajo la ley marroquí tienen muchos más derechos, como mujeres, que sus hermanas en los campamentos de Tinduf: el Frente Polisario nunca hizo amago de imitar la reforma del código civil que, por parcial que fuera, hizo avanzar en 2004 la situación legal de las mujeres marroquíes.

Todo ello no importa, parece: si Rabat entregase el mando sobre el territorio saharaui al Frente Polisario, ya podría hacer un sayo de la chilaba de los marroquíes, lo mismo que el Frente siempre lo ha podido hacer de la melahfa de las saharauis. Las consignas de quienes hoy se manifiestan en Granada son poco más que arena en los ojos del público. En su camino, jalonado de banderas, se quedan los derechos individuales de treinta y pico millones de ciudadanos, marroquíes o saharauis: no hay perro que les ladre.

Leer más:
El deber de dudar. Columna de Topper [Nov 2010]