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Ilya U. Topper
[Madrid · Ene 2006]

El balance de los años de plomo

Un organismo oficial, creado en 2004, documenta las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen de Hassan II y difunde por televisión los testimonios de las víctimas. Su reciente informe final reaviva las polémicas en Marruecos.

Dos años de trabajo, 16.800 actas sobre la mesa, audiencias con 200 víctimas o familiares, numerosos testimonios bajo los focos de la televisión… y un informe final de 700 páginas con un resultado polémico.

Es el balance de la Instancia de Equidad y Reconciliación (IER) de Marruecos, el organismo creado en 2004 por el rey Mohamed VI para dilucidar la verdad sobre la represión de los derechos humanos durante el régimen de su padre Hassan II. Un foco de luz dirigido directamente a los oscuros 'años de plomo', las tres décadas durante las que el Gobierno aplastó brutalmente los numerosos movimientos de izquierda en Marruecos e instauró un miedo y una autocensura que sólo se han ido superando a partir de los años noventa.

Aunque objetivo de polémicas desde su misma creación, la IER es toda una primicia en el mundo árabe musulmán. Ningún otro país de la región se ha atrevido hasta hoy a esclarecer por una comisión oficial independiente las exacciones cometidas en las décadas pasadas.

La buena fe del organismo viene garantizada por su presidente: Driss Benzekri, detenido en 1974 por pertenecer a un grupo marxista, torturado en centros secretos y encarcelado durante años. Durante los trabajos de la comisión, Benzekri tuvo oportunidad de interrogar al funcionario que le torturó.

Mil víctimas mortales

El informe final fue entregado a principios de diciembre al rey Mohamed VI. Anque aún se está a la espera de la publicación del texto íntegro, los datos avanzados bastaron para reavivar los debates. Según el IER, entre 1956 y 1999, es decir, desde la fecha de la independencia de Marruecos hasta la muerte de Hassan II, se han podido documentar casi diez mil casos de abusos de los derechos humanos. Las investigaciones confirman el amplio uso de la tortura y aclaran la suerte y a menudo el lugar de entierro de 742 personas muertas tras su detención o abatidas durante diversas manifestaciones. Entre ellas hay 211 casos referidos a "las provincias del sur", es decir, el Sáhara. Además hay 66 casos de desaparición sin aclarar.

El total de muertes asciende, según la prensa, a 1.018 víctimas mortales. Una cifra contestada de inmediato por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). Según esta institución hubo, al menos, 3.000 muertos. Considera que en el balance de la IER faltan unas 1.500 personas asesinadas durante las manifestaciones de 1965 y entre 500 y 1.000 en las protestas de 1981.

Más allá de la guerra de cifras, la discusión se centra en el futuro: ¿para qué sirve buscar la verdad? El informe de la IER incluye una recomendación práctica: pide al Gobierno pagar indemnizaciones a 9.280 personas, ex detenidos o familiares de éstos; otras 1.500 personas ya habían recibido reparaciones desde 1999. Pero la pregunta no es tanto qué ocurre con las víctimas sino qué debe suceder con los verdugos. Muchos de ellos siguen ocupando sus puestos en la policía, la administración, la política. La IER no ha dado a conocer sus nombres, aunque afirma que los ha hecho saber al rey en un informe aparte. Algunos no son ningún secreto: desde hace años son señalados por ex detenidos y denunciados en libros y reportajes… algo que ha llevado a parte de la sociedad marroquí a denunciar que el trabajo de la IER en realidad está a remolque de la sociedad.

Abdelhamid Amine, presidente de la AMDH, es muy crítico con la Instancia. "Es bueno que se haya vuelto a abrir el caso de las violaciones de derechos humanos, que el Gobierno consideraba ya cerrado. Pero es insuficiente, porque tiene un enfoque hostil a la lucha contra la impunidad, que considera más como 'venganza'. Nosotros creemos que los responsables de las torturas y muertes deben ser entregados a la justicia; una vez ante el tribunal pueden ser condenados o se les puede perdonar, pero tienen que enfrentarse a un juicio. Terminar con la impunidad es una garantía para que no vuelvan a suceder hechos similares".

Benzekri se distancia de esta polémica y afirma que tomar esta decisión le corresponde a la Justicia, no a la IER. En la misma línea se pronuncia Amina Bouayach, vicepresidenta de la Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH), fundada en 1988: "Cada individuo puede, personalmente, denunciar a quien considera responsable y llevarlo a juicio. Pero no ha habido una decisión colectiva de hacerlo".

Abdelhamid Amine recuerda que constan tres denuncias particulares, una presentada por Abraham Serfaty, la figura más prestigiosa de la oposición, encarcelado durante 17 años, otra por el caso de Mehdi Ben Barka, secuestrado en París en 1965, y la tercera por el del ingeniero marxista Amin Tahani, torturado hasta la muerte en 1985. "En el caso de Serfaty, la Justicia ha dado prácticamente la razón al Ministerio de Interior; en los otros dos, simplemente no responde" denuncia Amine.

Tampoco se libra de las críticas una de las piedras angulares del trabajo de la IER: la proyección pública y la implicación de toda la sociedad en recordar la represión sufrida. A finales del año 2004, Benzekri fue citando a centenares de ex detenidos y familiares de víctimas a sesiones de audiencias públicas. Setenta testimonios fueron retransmitidos, a menudo en directo, por las cadenas de televisión y radio gubernamentales. Desde Rabat a Marrakech y Alhucemas, decenas de mujeres y hombres describieron ante el micrófono las torturas sufridas. Con detalles, pero con el mismo límite: no podían nombrar a sus verdugos, sólo indicar a qué cuerpo —ejército, policía o servicios secretos— pertenecían. Fue uno de los puntos puestos en picota por las asociaciones de derechos humanos. Así, poco después de las primeras retransmisiones, la AMDH decidió ir más lejos y organizar sesiones similares, pero sin restricciones.

Amina Bouayach valora positivamente el trabajo de la IER en su conjunto y le quita hierro a las críticas: "Cada sociedad elige su propio camino. En España no se hizo ninguna lectura del pasado. En Sudáfrica, el enfoque fue religioso. En Marruecos hemos elegido un camino intermedio". Destaca el "trabajo colosal" de la IER  en "ordenar los datos de la Historia de Marruecos".

Algo que pone en duda Aboubakr Jamaï, director del semanario Le Journal Hebdomadaire, una de las voces más críticas de la prensa marroquí. "La IER no ha tenido acceso a todos los datos. No ha arrojado realmente luz sobre lo que ocurrió". Jamaï recuerda que la propia IER reconoce que "ciertas instituciones" se negaron a colaborar. "Según nuestras investigaciones se trata del Ejército. Y eso es grave, porque la IER es una instancia creada por la monarquía, cuya imagen se beneficia de este trabajo. Pero los militares tienen la sensación de que todo lo hicieron para proteger a la monarquía; se niegan ahora a pagar el precio de la fidelidad. No está claro qué pasará: tal vez se cambie a la cúpula militar, o  todo se queda en una operación de 'marketing'".

Falta de claridad

Bouayach lamenta que "los informes de la IER, hasta donde se han dado a conocer, no expresan claramente la responsabilidad del Estado, aunque entre líneas se puede intuir". Abdelhamid Amine subraya lo mismo: "La IER ha renunciado a establecer las responsabilidades individuales, pero tampoco aclara el papel concreto de las instituciones". Y critica que el período cubierto por las investigaciones termine en 1999. "No se recogen las graves violaciones de derechos humanos cometidos desde entonces, asociados a la lucha contra el terrorismo. Y apenas trata de los exiliados forzosos, las torturas, los graves abusos en el Sáhara… Para nosotros, el dossier de las violaciones de los derechos humanos en Marruecos sigue abierto".

Bouayach y Jamaï coinciden en un punto: valoran muy positiva la recomendación de la IER de reformar la Constitución e introducir la separación de poderes: "Hay que evitar que el Consejo Superior de la Justicia siga dependiendo del ministro de Justicia, es decir del Ejecutivo, como ahora," recalca la vicepresidenta de la OMDH. El periodista añade: "Con esta recomendación, la IER reconoce que no se trataba de abusos de poder de autoridades locales, sino del sistema como tal; lo fundamental ahora no es castigar a algunos invididuos. Hay que reformar las instituciones. Sólo después se puede quizás pensar en una amnistía, eso sí: siempre con el acuerdo de las víctimas. Quienes han torturado son personalmente responsables de sus actos y nadie puede perdonarles en nombre de las víctimas".

Bouayach apunta otra decepción: "Yo esperaba que el Estado tuviera que pedir perdón. Y no lo ha hecho; la IER tampoco se lo ha recomendado". Pero cree que lo más importante se ha conseguido: "La sociedad marroquí cambiará. No de inmediato, pero cambiará. Los responsables empiezan a tomar conciencia".

Aboubakr Jamaï, en cambio, no cree que el informe de este organismo represente un punto de inflexión. "La IER presenta la Historia como si el período oscuro hubiese terminado en 1999. Y no es cierto: desde antes de la muerte de Hassan II hubo cambios importantes, se investigó la cárcel secreta de Tazmamart, hubo indemnizaciones, la gente fue perdiendo el miedo… el cambio de la mentalidad que tanto se valora se inició hace ya diez años".

Es cierto que desde finales de los noventa, en Marruecos se observa una progresiva pérdida del miedo y la autocensura; la prensa publica a diario reportajes inimaginables una década atrás y la palabra "derechos humanos" se ha introducido en el vocabulario de todas las capas sociales. Aunque el poder de la policía sigue siendo grande, la conciencia del derecho a protestar ha calado hondo en la sociedad civil. Hay quien opina que "este cambio llega veinte años tarde", pero una vuelta hacia la represión y el poder monolítico del Estado es ya impensable. .