Publicidad
Publicidad
Cómo avanzar sin cambios
El fuerte sentimiento católico del archipiélago parará cualquier avance social, incluso si gana la izquierda en las elecciones del próximo 8 de marzo: nadie se atreve a plantear reformas, como el divorcio, que pudieran molestar a los obispos.
Una pelea de ejecutivos para hacerse con el control de la empresa. Esta metafora le sirve a Matthew Della, director del semanario 'Malta Today Midweek', para explicar cómo se desarrolla el ambiente preelectoral en este archipielago de siete islas ―sólo tres de ellas habitadas―, que el próximo 8 de marzo celebra elecciones generales.
Los ejecutivos en liza serian el actual primer ministro, Lawrence Gonzi, del conservador Partido Nacionalista (PN), y el candidato del Partido Laborista (PL), Alfred Sant. Este podria, según las encuestas, recuperar el cargo que ejerció entre 1996 y 1998, antes de que unas elecciones anticipadas devolviesen al poder al PN, que, salvo este breve lapso, lleva al frente del país 20 años.
En esta misma linea 'empresarial' plantea la situación el 'tercer hombre' en discordia: Harry Vassallo, presidente de Alternativa Democratica, los 'verdes'. Según explica, los dos principales partidos "forman un 'lobby' que sigue lo que dice la Iglesia católica y contra el que apenas se puede luchar".
Da así las claves para entender la situación política de Malta: un miedo ancestral a avanzar en cambios sociales, debido a la supeditación ideológica a la Iglesia. Un asunto que, ademas, ni siquiera necesita de la intervención directa de la jerarquia eclesiástica; en este país, en el que la catolicismo es la religión oficial del Estado, izquierda y derecha se cuidan mucho de tomar posturas que pudieran molestar a los obispos.
Para los malteses, divorciarse es impensable, salvo que se tenga el dinero necesario para establecer la residencia en cualquier otro pais europeo durante seis meses. Entonces, una vez tramitado el divorcio en ese país, al regresar, el Estado de Malta reconoce legalmente la separación definitiva. Malta no ha legalizado el divorcio, aunque sí lo reconoce cuando se ha tramitado en otros países
Tampoco existe una regulación de parejas de hecho, una promesa del PN desde 1998, que ahora incluso han eliminado del programa. "Esto sólo puede querer decir que se incluyó en el programa de 1998 para atraer el voto de sectores progresistas y poder regresar al gobierno", deduce Matthew Della, quien ademas considera que "es parte de la naturaleza del partido conservador ni siquiera discutir asuntos como este o el divorcio".
Tampoco el Partido Laborista ―que forma parte del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo― parece inclinado a las reforma en este ámbito: "Dicen que reconocen difirentes tipos de familia, lo que significa que apuntan a una definición mas amplia de familia. Pero no lo han especificado más” afirma Della.
Incluso el alcalde de la localidad de Mosta, Paul Chetcuti Caruana, laborista, se ha negado a oficiar bodas civiles, pesar de que si estan permitidas par la ley: "Quien quiera casarse por lo civil, lo puede hacer en otro ayuntamiento, no en éste. Y soy católico y me niego a casar parejas si no es por la ceremonia católica". Ante esto, Alfred Sant declaraba la semana pasada que las bodas civiles "tienen que celebrarse". Un alcalde laborista se niega a celebrar bodas civiles, pese a que están permitidas por la ley
Concuerda con el miedo al cambio que achaca a los dos principales lideres políticos Harry Vassallo. Cualquier reforma legal es susceptible de provocar la pérdida de votos entre los sectores menos partidarios de modificar cuestiones que “llevan años así”. Las bodas civiles son legales desde los setenta. Tiempo suficiente para que hayan calado entre la población ―de hecho, van subiendo mientras bajan las católicas, aunque éstas aún suponen el doble que las civiles: 1.667 frente a 802 en 2006―.
Más tiempo llevan en vigor leyes como la que regula los alquileres de viviendas, que, según cuenta Vassallo, "lleva funcionando 63 años; y fue una ley de emergencia durante la Segunda Guerra Mundial", pero ni asi se ha conseguido adecuar a la situación actual del archipielago, miembro de la Unión Europea (UE) desde 2004, y en la Eurozona desde el 1 de enero de este año.
En cualquier caso, no parece que las posibles reformas sociales sean los asuntos que mas preocupan a los cerca de 450.000 habitantes de Malta, que siempre acuden en masa a votar ―es el pais del mundo con mayor porcentaje de participación entre aquellos en los que no es obligatorio ejercer el voto, y el segundo, tras Australia, si se cuentan todos, con un 96,2% en la última cita ante las urnas―. Asi, la carrera por la silla de primer ministro parece limitarse a venderse como "garantia de seguridad" para el país ―como hace el primer ministro Gonzi― o reclamar que es "la hora del cambio" tras 20 años de gobierno del PN. 
Y si hace cinco años ―lo que dura una legislatura en Malta― había un asunto de interés nacional como el ingreso o no en la UE, ahora la batalla se libra en campos como la educación, el medio ambiente y la sanidad, mientras afloran las denuncias por corrupción ―que, por falta de pruebas, no han sido admitidas a tramite en los juzgados― a miembros del actual gobierno.
Reformas sin especificar
La entrada en vigor del euro como moneda oficial de Malta ha traído ajustes de precios y preocupación entre los habitantes de las islas, que ya sitúan el crecimiento del coste de la vida como la principal de sus preocupaciones. A ésta le siguen el paro y el medio ambiente, mientras que al final de la lista aparecen la corrupción y la inmigración ilegal.
Precisamente, uno de los debates que mas juego están dando conjuga este temor ante la gestión económica con la conservación de la naturaleza. En este sentido, según Matthew Della, "se acusa al gobierno de haber cometido errores cruciales en la gestión de terrenos. Esto ha llevado al primer ministro a prometer que hará reformas en este ámbito, aunque no se sabe cuales serían. Tampoco el Partido Laborista garantiza que hará grandes cambios". De nuevo, la precaución para no alarmar al electorado.
Un ejemplo es el caso del nuevo hospital Mater Dei, cuyo presupuesto se ha excedido ya en mas de 500 millones de euros, y sigue sin saberse cuando estará operativo, a pesar de que la obra dura ya 17 años. El caso ha sido llevado ante la justicia con denuncias de corrupción. Este centro, de avanzados recursos tecnológicos ―principal bastión de la industria maltesa, que es, junto al turismo, uno de los motores de la economía del archipielago―, es una de las 'niñas de los ojos' del gobierno de Gonzi.
Ante esto, las encuestas dan empate técnico, aunque con ligera ventaja para la oposición. Pero una victoria laborista tampoco garantiza que las cosas cambien demasiado en un país en el que, hace apenas unas semanas, la mediación de un sacerdote logró que se liberase a una niña de 13 años enviada primero a prisión y posteriormente a un hospital psiquiátrico por no pagar una multa de más de 1.000 euros por... tirar del pelo a una compañera de clase.