Publicidad
Publicidad
Los oscuros tratos de Sadam con Occidente
Numerosos políticos internacionales aceptaron cuotas de exportación de petróleo iraquí y casi todas las empresas pagaban comisiones ilegales a Sadam Hussein, según Naciones Unidas. Entre ellas constan varias españolas.
El pasado 27 de octubre, Naciones Unidas dio a conocer un informe independiente, encargado para dilucidar los posibles casos de corrupción en el programa Petróleo por Alimentos ideado para aliviar las duras sanciones contra Iraq. La investigación, dirigida por Paul Volcker, terminaba con una conclusión tajante: prácticamente todas las empresas implicadas en la exportación de petrólo iraquí pagaban comisiones ilegales a Sadam Husein. Además, muchos políticos estaban involucrado en estas turbias compraventas.
El documento cita, entre otros, a un español llamado ‘Javier Robert’ como beneficiario de seis contratos de venta de crudo. El texto del propio informe no investiga a este personaje –aparentemente de importancia secundaria comparado con los altos cargos rusos, británicos y franceses que incurrieron en negocios similares– pero aporta las fuentes originales en las que se basa la investigación.
El documento crítico aparece en la página 41 de la Tabla Nº 3 del Informe. Es una transcripción de las actas oficiales de la ‘State Oil Marketing Organisation’ (SOMO), la agencia gubernamental iraquí para la exportación de crudo, que recoge todos los contratos y cuotas de exportación concedidas a empresas extranjeras. Una nota al margen en este documento añade "Parlamento" y "miembro del 'Spanish People’s Party'". Es imposible, no obstante, encontrar un parlamentario español —vinculado al Partido Popular o a cualquier otra formación— que lleve el nombre de Javier Robert.
Las comisiones fueron provocadas por las sanciones impuestas a Iraq tras la Guerra del Golfo de 1991: La exportación de crudo estaba estrictamente supervisada y las sumas obtenidas por la venta se ingresaban en un fondo controlado por Naciones Unidas, que vigilaba también la utilización de este dinero para la compra de alimentos y medicamentos.
El Gobierno de Iraq se quedó así sin margen para disponer de dinero líquido. Conservaba sin embargo el derecho de asignar los contratos de venta de crudo a empresas de su elección. En otoño de 2000 empezó a pedir una retribución a cambio de ofrecer el lucrativo contrato a una entidad concreta: ésta debía hacer llegar al gobierno iraquí una comisión que oscilaba al principio entre los 10 y los 30 centavos de dólar por barril y fue aumentando hasta los 50 centavos, luego se redujo de nuevo.
La empresa podía ingresar el importe correspondiente en un banco o entregarlo directamente en billetes en una embajada iraquí.
Pero el dinero no era la única consideración a la hora de repartir los contratos. A menudo, el gobierno de Sadam Hussein asignaba las cuotas a particulares para agradecer favores políticos. Estas prácticas implicaban a políticos rusos, franceses, británicos e italianos, entre otros.
Entre los casos más polémicos figura el parlamentario británico Georges Galloway, entonces miembro del partido laborista, que se opuso a la invasión de Iraq y fundó la organización Mariam Appeal para luchar contra el embargo a Iraq. El Informe Volcker considera demostrado que Galloway obtuvo cuotas de 11 millones de barriles de crudo; aunque no se puede saber si obtuvo dinero en metálico por ello, su organización sí recibió más de un millón de libras en donaciones de socios de Galloway que figuran junto a él como beneficiarios de las cuotas.
Políticos como Galloway o, en su caso, el misterioso ‘Javier Robert’, evidentemente debían ceder —o vender— sus cuotas de crudo a alguna petrolera interesada; por esta transacción el intermediario podía esperar una comisión que, según se desprende del Informe Volcker, oscilaba entre los 2-3 centavos de dólar por barril en Francia o hasta 8 centavos en Rusia.
El empresario hispano-libanés Basem Kakish confirma esta práctica en el reportaje que sobre este asunto publicó La Clave hace casi un año, un beneficio absolutamente legal en su opinión. "Yo conseguía el contrato a nombre de mi empresa, Lubna, y después se lo pasaba a petroleras como Repsol. La comisión que las petroleras pagaban por cada barril era de unos 4 centavos de dólar" afirmó Kakish en febrero de 2004. Un intermediario cobraba unos 40.000 dólares por la venta de un millón de barrilesEste empresario aparece también en el Informe Volcker como Bassem Qaqish, donde consta que consiguió contratos para exportar unos 14 millones de barriles directamente a través de Lubna Trading S.A., radicada en Jordania.
La compra de barriles de crudo era, de hecho, legal, pero no el pago de comisiones al gobierno iraquí, una práctica que a partir de 2001 ya era prácticamente imprescindible para acceder a un contrato petrolífero, como destaca el Informe Volcker. De hecho, de los seis contratos adjudicados al "Beneficiario Mr. Javier Robert" —así aparece en la transcripción que el Informe Volcker realiza de los documentos oficiales del gobierno iraquí— dos constan en la Tabla Nº 5 del documento con el pago de sus correspondientes comisiones ilegales: el contrato M/10/59, realizado —a través de 'Mr. Robert'— por Alcon Petroleum Limited, una empresa con base en Liechtenstein, y el M/11/67, por Fenar Petroleum Limited, domiciliada en el mismo país, lo más similar a un paraíso fiscal en el centro de Europa. En realidad, ambas empresas actuaban como subcontratas para la petrolera Taurus Group, fundada en 1993 en Estados Unidos.
Comisiones para el régimen
Alcon Petroleum realizó —a través de intermediarios con nombres árabes— entre el 8 de noviembre y el 30 de diciembre de 2001 cuatro ingresos por un total de 600.928,50 dólares en el Jordan National Bank que supuestamente revertían íntegramente en el propio gobierno de Iraq. Fenar Petroleum, por su parte, hizo tres ingresos entre el 31 de marzo y el 1 de mayo de 2002, que sumaron 418.187 dólares en la misma entidad financiera.
No consta en ninguna parte que el intermediario se embolsara efectivamente esta comisión, a todas luces legal, ya que se trata de un acuerdo de compraventa privado entre una empresa de petróleo y un particular. Es difícil de imaginar, no obstante, que un supuesto ‘parlamentario español’ hubiera entregado su lucrativa cuota de petróleo de forma gratuita a dos entidades —a su vez intermediarias— radicadas en Liechtenstein en lugar de beneficiar a empresas nacionales, que también estaban haciendo negocios en Iraq.
Los seis contratos con un total de 7.225.000 barriles que constan como petróleo efectivamente embarcado (de los 9.900.000 que tenía téoricamente asignados 'Javier Robert') podían reportarle comisiones que habrían oscilado entre los 200.000 y 250.000 dólares.
Lo que sí era manifiestamente ilegal era la comisión pagada al gobierno iraquí. Ésta, como se desprende del Informe Volcker, podía realizarse de dos maneras: o bien la petrolera pagaba directamente a la embajada iraquí o a un banco que le era indicada por un contacto del gobierno de Iraq, o bien le transfería un importe global al intermediario y éste derivaba la mayor parte al régimen de Sadam, quedándose con su margen de beneficio de los citados 3 ó 4 centavos por barril. Este segundo método se empleaba en Rusia, donde el dirigente ultranacionalista Vladimir Zhirinovski llegó a canjear incluso una deuda de este tipo —de un millón de dólares— por un inmueble en Moscú cuya propiedad transfirió a Iraq.
En el caso de 'Javier Robert' parece haberse empleado el primer procedimiento ya que el nombre de este español no aparece en las transferencias confirmadas por el Banco Nacional de Jordania; es probable por ello que fueran directamente las empresas Alcon y Fenar las que ordenaron los ingresos.
El Informe Volcker resalta que el gobierno informaba a 'toda entidad petrolera o incluso a todo beneficiario' sobre este procedimiento. Era algo tan habitual que virtualmente ninguna empresa podía operar sin plegarse a él. Aún así, entre las 139 empresas petrolíferas que según el informe pagaron comisiones y sobornos al gobierno iraquí no figura ninguna de nacionalidad española. Sí se menciona a Repsol y a Cepsa como beneficiarias de varios contratos de crudo, pero no se las acusa de actividad irregular alguna.
Sin embargo, el negocio de las comisiones iba en ambas direcciones: no sólo tenían que pagar las petroleras que querían comprar crudo, sino también las empresas que deseaban exportar a Iraq los materiales que éste país podía adquirir legalmente a través del dinero obtenido por la venta de petróleo y gestionado por Naciones Unidas: comida, medicamentos, material escolar, piezas de repuesto para maquinaria agrícola... Y si la compraventa del petróleo se concentraba en comparativamente pocas manos, los también lucrativos negocios de suministro estaban abiertos a un número mucho mayor de empresas.
Entre las 2.253 compañías que según Volcker desembolsaron dinero bajo mano para obtener contratos de suministro de bienes y servicios aparecen un total de 45 empresas españolas. En la lista compilada por la comisión de investigación aparece la compañía de equipamientos industriales Dominion, que se hizo con un contrato de 24 millones de dólares por el que desembolsó una comisión de cerca de medio millón de dólares.
Ringo Válvulas, que se dedica a la venta de servicios en el sector petrolífero, pagó una comisión de cerca del 10% para asegurarse un contrato de 10 millones de dólares, al igual que Cunado Internacional, quien pagó 1.3 millones de dólares por un negocio que le supuso a la empresa un total de 13 millones de dólares. Industrias Lacteas Asturianas, Bombas Omega, Rayana Cape Vermey, Refratechnick Ibérica, Elemento de Distribución, Robibine Ibérica y Ausa, Automoviles Utilitarios aparecen también identificadas como responsables de haber participado en pagos ilegales.
Nota: Varias informaciones relacionadas con el papel de españoles como intermediarios en el negocio del petróleo iraquí, publicados por La Clave en febrero de 2004 (Nº 147 y 148) provocaron una denuncia del entonces embajador español en Estados Unidos, Javier Rupérez, que fue zanjada el 7 de julio de 2005 en el Juzgado de I Instancia en Madrid por un acuerdo en el que no se establecía la veracidad o falsedad de las interpretaciones sostenidas por la revista en estos números.
Leer más:
Foco Iraq