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Francisco Martínez
[Moscú · Oct 2007]

Los piratas de los negocios

Uno de cada siete casos de venta de empresas en rusia se hace a través de amenazas, coacciones o falsificando la documentación, con la complicidad de la policía; algo que ahuyenta a los inversores extranjeros.

Cada vez que vuelvo de un viaje al extranjero, temo encontrarme sin nada”, se lamenta Vincent, dueño de una empresa de maquinaria para productos lácteos en San Petersburgo. “Estoy decidido a vender porque tengo miedo, pero antes debo cuadrar las cuentas y avisar a proveedores y clientes. La empresa ha crecido demasiado y sé que me la quieren quitar”, añade el empresario a La Clave.

Hoy, una de cada siete casos de compraventa de empresas en Rusia se realiza bajo amenazas, coacciones o directamente falsificando documentos de propiedad. Hay toda una rama de piratas dedicados al abordaje de fábricas y negocios. Normalmente no corre la sangre, pero los vídeos que circulan en Rusia son llamativos: un grupo de hombres armados llega en autobús, destroza las instalaciones, encierra a los trabajadores y roba los registros contables. La policía, curiosamente, suele llegar tarde.

“Son auténticos profesionales”, afirma Vladímir Ovchinsky, antiguo director de la Policía Internacional (Interpol) en Rusia y actual asesor del presidente del Tribunal Constitucional.La policía y los jueces encubren a menudo a los asaltantes “Durante años, la policía rusa prefirió no meterse en disputas económicas; por ello, los corruptos raramente son juzgados”, concluye Ovchinsky, autor de un estudio sobre este fenómeno.

Mercenarios

El Ministerio del Interior ruso ha identificado a más de 170 grupos de mercenarios. Ofrecen sus servicios a precios asequibles, según varias publicaciones rusas: pinchar un teléfono sale por unos 1.200 euros, intimidar a un empresario cuesta 15.000, por neutralizar a la policía durante el asalto se piden más de 25.000 euros, ‘untar’ a un diputado para que defienda el caso cuesta 7.500 euros (20.000 si es miembro del comité anticorrupción), y sobornar a un fiscal o a un juez va de 75.000 a 750.000 euros.

“Las mafias han entendido que la toma de empresas es un negocio más lucrativo que la venta de drogas”, escribe la revista rusa Ogoniok. “Los grupos actúan por encargo y están organizados como asesinos”.

Según reconoció Rashid Nurgaliyev, ministro de Interior de la Federación Rusa hasta el mes pasado, el “terrorismo económico” entre empresas mueve cerca de 4.000 millones de euros al año, lo que ha hecho que muchos de estos ‘corsarios’ posean diversos apartamentos en Moscú y lleven una vida lujosa. Como Vassily Boiko, uno de los capitanes del sector y dueño de cinco hoteles de lujo, un campo de golf y un zoo-safari.

Boiko fue arrestado en febrero pasado por haberse apropiado de 40.000 hectáreas en los alrededores de Moscú. Según algunos expertos, sus métodos no eran del todo ilegales, ya que existen 50 leyes diferentes para el registro de la tierra y muchas se contradicen. El fiscal pide más de 15 años de prisión por fraude y blanqueo de dinero.

Hace un año cayó Pavel Fedulev, diputado regional de Yekaterinburg, tras contratar a 200 mercenarios que, armados y enmascarados, asaltaron un centro comercial y dejaron más de 100 heridos. El juicio sigue en marcha y puede ser condenado a 20 años.

Otro grupo de 28 miembros ha sido arrestado en Moscú por el asalto de 50 empresas. En San Petersburgo, una banda de 44 personas fue acusada de apropiación ilegal de empresas y 27 acabaron en la cárcel. Entre los arrestados se encontraban funcionarios, policías y consejeros del servicio estatal de finanzas. La banda había actuado en 15 ciudades y tenía otros 40 golpes planeados; fue desmantelada tras fallar en el asalto a la terminal del oleoducto de San Petersburgo.

Tarifas en la web

Estos piratas del siglo XXI han alcanzado cierto aire de bandidaje romántico. Existen páginas web como www.zahvat.ru (del ruso ‘zajvat’, asalto) que sirven de foro para curiosos, interesados y profesionales. Allí se intercambian noticias y fotos y hay una lista con los comandos más efectivos del país, precios, contactos y un ‘ranking’ con las diez mejores apropiaciones de 2006.

“La injusta privatización de la propiedad estatal —que enriqueció a unos pocos en los años noventa— es una especie de excusa moral de los ‘corsarios’”, explica a La Clave el abogado Igor Serebryakov. Otras causas son “el nivel de corrupción en Rusia —el soborno de oficiales y notarios facilita estos ataques— y la mentalidad de muchos propietarios y directores negligentes, que dilapidan los bienes de sus empresas”.

También juega un papel el “sistema judicial lento y sobrecargado y, a veces, la falta de delimitación de la propiedad o las parcelas de tierra, herencia del sistema soviético”, detalla Serebryakov, miembro del prestigioso gabinete Egorov, Puginskiy, Afanasiev y Socios, especializado en recuperar empresas asaltadas. Entre 2004 y 2006, esta firma ha restituido activos con un valor de 4.000 millones de euros. Otros dos gabinetes manejan cifras de 1.500 millones anuales en empresas asaltadas y recuperadas.

“La usurpación criminal de empresas tomó un carácter masivo tras la nueva ley de 2001 para el registro de sociedades: permite conceder derechos de propiedad con enorme facilidad, de forma que los usurpadores puedan registrar empresas a su nombre con documentos falsos”, declara Sergei Manajov, jefe del Comité de Investigación de Asuntos Peligrosos del Ministerio del Interior ruso. Sostiene que “la situación se arreglaría exigiendo una mayor comprobación de los documentos registrados”.

Leyes para estafar

“Esta guerra entre empresas existe desde los tiempos de las primeras privatizaciones”, asegura un experto en derecho mercantil en la revista Ogoniok; “el propio proceso de privatizaciones es discutible desde el punto de vista legal. Además, la ley de bancarrota parece una concesión hecha a los estafadores: permite que cualquiera que declare la bancarrota pueda liquidar la empresa y dejar colgando todas las deudas”. Yuri Alekseyev, investigador jefe de la policía, reconoció a la agencia Interfax que “docenas de los principales negocios de compraventa de empresas en Rusia son acompañados por graves violaciones de la ley; lo peor es que quienes se apoderan de las empresas no están interesados en continuar con la producción, sino sólo en vender los activos y liquidar todo”.

Según Víctor Pleskachevski, presidente del Comité para la Defensa de la Propiedad de la Duma, el Parlamento ruso, entre 2000 y 2004 se dieron 5.000 casos de expoliaciones de empresas, y sólo en 2005 hubo más de 1.900; sólo 346 casos fueron investigados. Anna Seregina, del Centro Anticorrupción de Rusia, cree que otras 4.000 empresas están amenazadas. “Una menudencia si se compara con las apropiaciones de inmuebles en Moscú”, lamenta Pleskachevski, impulsor de un paquete de ‘leyes anti-asalto’ que será aprobado este otoño en la Duma.

Entre los puntos vulnerables de la actual normativa, el diputado critica que las compañías con menos de 50 accionistas deban mantener en la propia sede su registro de propietarios en forma impresa, fácil de robar y de falsificar. “Una vez destruido el documento antiguo y suplantado por uno falso, los dueños tienen pocas posibilidades de recuperar su empresa”, advierte la publicación financiera rusa Gaap.

Un caso sonado fue el de la cementera Angarsktsement en Irkutsk. Es una de las mayores empresas de Siberia y mantiene contratos con el Estado y con firmas alemanas como Mercedes o Haver&Boecker. Según informan las agencias Taiga y Regnum, el 9 de noviembre de 2006, unos 30 hombres de uniforme militar y con barras de hierro entraron en las oficinas de la compañía, llevándose los registros de la propiedad y el dinero de caja, unos 85.000 euros. Al mando de la operación estaba Nikolai Fomenko, veterano de guerra y especialista en asaltos a empresas. Cuando aparecieron los documentos, la empresa tenía unos nuevos accionistas. El grupo PATM aparecía como comprador del 50,5 % de la compañía y denunciaba al actual director, Alexandr Pushilin, por estafa.

El juzgado de arbitraje de Irkutsk anuló la operación, pero los asaltos se han vuelto a repetir. De acuerdo con el servicio de prensa de Sibirski Tsement, la propietaria de Angarsktsement, “Fomenko debe de tener colaboradores en los órganos judiciales para permitirle tomar la empresa y registrarla como suya”. Una de las últimas ofensivas de PATM ha sido denunciar a Sibirski Tsement por monopolio.

Los ‘corsarios de los negocios’ están asustando ya a la inversión extranjera, porque no se limitan a empresas rusas. El 22 de abril pasado, un grupo de guardias de seguridad de la empresa Fist tomó un edificio de oficinas al norte de Moscú, propiedad del promotor y empresario indio Rajesh Galani. Los asaltantes se incautaron de los documentos de propiedad y cuando llegó la policía mostraban un certificado —falso— que les autorizaba a patrullar el lugar. Aseguraron actuar en nombre del diputado Víctor Cherepkov, algo que éste niega rotundamente. Al día siguiente, una unidad de élite de la policía asaltó y recuperó el lugar, que por ahora sigue bajo control de Galani... pero sin documentos de propiedad.

Según el empresario, el alto valor del solar, recientemente multiplicado por un permiso de construir un complejo de viviendas y oficinas, atrajo a los ‘corsarios’. Es uno de los motivos más habituales de los asaltos de negocios en Moscú

Un ataúd con flores

Hay métodos más ‘líricos’, como mandar un ataúd y coronas de flores dedicadas a la memoria del director que, al recibir estos ‘detalles’ en su despacho, suele entender el mensaje. También hay quien consigue pinchar el teléfono de tal manera que, al descolgarlo, suena una marcha fúnebre. Otras veces, una ‘opa muy hostil’ no empieza con un asalto, sino con una estrategia de compra y acoso. El holandés Mart van Deil perdió el año pasado su negocio Flora Interneishnl, que facturaba 500.000 euros al mes. Una empresa fantasma y sin domicilio compró de la noche a la mañana todas las acciones de la empresa, según corrobora Nadiezhda Zaitseva, de la agencia Fontanka.ru, y un mes después liquidó la compañía sin presentar un solo documento. “Las pruebas han volado”, lamenta la abogada del empresario, Irina Lobanova, “se han llevado todos los activos de la empresa”.

Un ataque similar sufrió la empresa de metalurgia Mosoblprommontazh, radicada en Voskresensk, cerca de Moscú. Según su director, Andrei Tsydenov, hace un par de años, un tal Marat Babaet, “evidentemente una figura de tapadera”, compró el 38% de las acciones; “poco después, un comando encabezado por Vadim Kucharin —antiguo vicepresidente de Alfa Eko, parte del gran conglomerado Alfa Group— llegó con el humor un poco violento” y pretendía cambiar el Consejo de Administración.

Tras la negativa de los trabajadores, denunció a los gerentes y exigió la liquidación de la empresa en los juzgados. Semanas después propuso a Tsydenov que recomprase las acciones a un precio superior. El proceso judicial continúa, el 10% de la plantilla son abogados y Mosoblprommon­tazh gasta casi 10.000 euros al mes en medidas de protección.

“Esta práctica está poniendo en peligro la seguridad nacional, ya que más de 200 fábricas de armamento están en el punto de mira de estos grupos”, carga Vladímir Ovchinsky. Una es Bazalt, factoría petersburguesa que exporta lanzagrandas y municiones para defensa antiaérea a Turquía, Sudán, India, Siria o Jordania, además de trabajar con el Gobierno ruso.

Según los diarios Vremia Novosti y Novie Izvestia, el director de Bazalt, Vladímir Korenkov, fue arrestado en 2006 y acusado de malversación de fondos. Declaró ser víctima de un montaje y denunció presiones para desmantelar la fábrica y entregar los terrrenos. Fue liberado, pero cuando sufrió un ataque al corazón en un interrogatorio, Korenkov fue internado por orden judicial en un hospital psiquiátrico de San Petersburgo. Su abogado denuncia “el apoyo del sistema empresarial y el encubrimiento del poder judicial” de quienes intentarían quitar de en medio al director de Bazalt.

Rock contra corrupción

Es algo en el que todos los analistas están de acuerdo. “Ninguno de estos delincuentes podría expoliar las empresas sin tener vínculos con altos cargos corruptos”, asegura el diputado Mijaíl Grishankov, miembro de la Comisión Anticorrupción. Ovchinsky señala que Andrei Shokin, dirigente de la empresa RBE en Samara, cuenta con el apoyo del alcalde de esta ciudad, Georgy Limansky. Según este experto, RBE ha adquirido de forma dudosa 238 compañías.

Shokin niega que utilice métodos ilegales, pero la presión que ejerce puede ser fuerte. Lo confirma Mike Matthews, un sexagenario rockero neoyorquino convertido en empresario —trabajó con Jimi Hendrix y Carlos Santana— que en los años noventa compró Expopul, una de las últimas fábricas del mundo que produce válvulas termoiónicas, utilizadas como amplificadores en las guitarras eléctricas antiguas.

En 2005, cuando Matthews ya era proveedor de marcas como Fender o Korg, con una plantilla de 930 empleados y cifras de venta de 400.000 euros al mes, RBE le ofreció 320.000 euros por la fábrica, ubicada en Sarátov, a orillas del Volga. Cuando el empresario se negó, empezó el acoso: obras en los alrededores, pequeños sabotajes, cortes de electricidad y de gas...

Matthews no plegó velas. “Mandé una carta a los trabajadores para decirles que ésta iba a ser nuestra batalla de Estalingrado, instalamos un generador eléctrico propio, hicimos conciertos de rock contra la corrupción, hablamos con el fiscal general y recibimos mucho apoyo de la prensa; tuvimos imaginación y arrojo, algo que ellos no se esperaban”, asegura Matthews a La Clave. El caso llegó al Parlamento y a los juzgados y en junio de 2006 terminó con la victoria de Expopul.

Matthews señala que, según algunos informes, RBE actúa por encargo del poderoso conglomerado empresarial SOK, radicado en Samara, pero añade que es algo que no se ha podido probar.

El periódico estatal Rossyskaya Gazeta y el independiente Moscow Times, no obstante, apuntan alto: creen que el oligarca Suleiman Kerimov, séptima fortuna de Rusia y 72ª del planeta —según la lista de Forbes de 2006— podría estar implicado en el asalto a SPK Razvitie, que controlaba el 25% del mercado inmobiliario moscovita y facturaba cerca de 1.000 millones de euros al año. En junio de 2005, unos 200 hombres con bates de béisbol y barras de hierro entraron en la empresa. Un mes más tarde, Kerimov se presentó como propietario de Glavmosstroy, Mospromstroimaterialy y Mosmontazhspecstroy, las tres principales empresas del grupo SPK Razvitie; ese mismo año las cedió a Oleg Deripaska —segunda fortuna de Rusia— según la agencia Russian Intelligence.

“Estas agresiones no son un invento ruso, aunque los ‘corsarios’ aquí, que sólo llevan diez años en el negocio, han sido buenos alumnos. Pero a mi juicio, el pico ya pasó”, opina Serebryakov. También Mike Matthews es optimista. “La situación está mucho mejor ahora, Putin ha acabado con los asesinatos de antes. Aunque sigue habiendo corrupción, ahora hay muchas oportunidades de negocio”, asegura el rockero. “Eso sí —añade—, siempre hay que lidiar con moscas cojoneras”.

El empresario Vincent, en cambio, es de la antigua escuela. Cree que “en Rusia es recomendable pagar a determinados grupos de ‘seguridad’ para que no se metan contigo. Alguna vez he recurrido a ellos para tratar un negocio que no podía resolver por medios legales, lo que pasa es que en cualquier momento se pueden revolver y actuar contra ti. Nunca se sabe”.