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La Iglesia Ortodoxa también pasa por caja
En la céntrica avenida Elefterios Venizelos de Atenas dos bandos rivales se preparan para el enfrentamiento. A un lado, los policías antidisturbios agarran con fuerza sus escudos y cubren sus rostros con máscaras antigas; al otro, los manifestantes radicales se ciñen pañuelos en la cara y arrancan trozos de mármol de la fachada de un edificio.
Antes de que éstos comiencen su lluvia de piedras y aquellos respondan con cargas y gases lacrimógenos, un sacerdote cruza la avenida. Es joven, enjuto y con larga barba oscura. Va vestido con el ‘rason’ (sotana) negro y el característico ‘kameloukion’ (bonete alto y cilíndrico) de los ministros de la Iglesia Ortodoxa griega. Consciente de la pelea que está a punto de desatarse, aprieta el paso quitándose pronto de en medio, mientras algunos manifestantes, en su mayoría anarquistas, le despiden con risas y burlas.
Pocos minutos después comienza la guerrilla urbana, la expresión más violenta del profundo malestar social que ha dejado en Grecia el duro plan de austeridad aprobado por el Gobierno y que ya tiene sus propios mártires, tres empleados bancarios que murieron asfixiados el miércoles 5 de mayo, en una protesta contra la subida de impuestos, la reducción del gasto social y la bajada de los sueldos aplicada por el Ejecutivo de Georgios Papandreou.
El sacerdote ortodoxo que se libró por poco de verse inmerso en la violenta persecución entre antisistema y policías no quiso participar en la manifestación contra los recortes del Gobierno, pero no le faltaban motivos para hacerlo. A la Iglesia Ortodoxa griega, como al resto de estratos de la sociedad, también le va a tocar pagar una parte de la deuda acumulada por el país durante los últimos años debido al mal gobierno, al derroche y a la corrupción, y que asciende a 300.000 millones de euros. Con los mercados internacionales de crédito a precios prohibitivos, al socialista Papandreou le ha tocado pedir ayuda a sus socios europeos y al FMI y rascar hasta el último céntimo en casa para evitar la bancarrota.
La Iglesia Ortodoxa es una de las principales dueñas de bienes inmobiliarios de Grecia, según algunos incluso la mayor de todas, aunque no consta cuánto posee. En 1987, la agencia Associated Press estimaba el valor de todos sus terrenos en más de mil millones de dólares. 
Comprobarlo no sólo es difícil porque la gestión administrativa de la Iglesia es cosa privada, sino también porque probablemente ni siquiera los gestores del Patriarcado lo sepan del todo: no parece haber un registro central de todos los terrenos y cortijos propiedad de los monasterios locales, que se encuentran dispersos por el país. Sí se sabe, en cambio, que la Iglesia como institución mantiene una participación de 150 millones de euros (el 1,6% del capital total) en el Banco Nacional de Grecia, la mayor institución financiera del país.
Hay pocas cifras disponibles. El director de los servicios financieros de la Iglesia, Antonis Zambelis, declaró en junio al periódico griego Athens News, que la oficina central de la institución ingresa 12 millones de euros al año. En 2009, el periódico griego Kathimerini aseguró que durante el año anterior, la Iglesia tuvo unas ganancias de 7 millones de euros y unos ingresos brutos de 20 millones; la mayor parte procedente del alquiler de propiedades inmobiliarias. Las inversiones financieras aportarían 4,5 millones.
Gastos en el mismo año: unos 12,7 millones. De ellos, algo más de 4 millones se destinaban a “patrocinar eventos” ―sin que el periódico dé más detalles― y algo menos a pagar salarios. Una cifra alta si se piensa que los sueldos del clero los paga el Estado griego, no sólo los de los profesores de religión ―escogidos por la Iglesia― sino también los de los 11.000 sacerdotes y obispos. El apoyo estatal al clero llega incluso al punto de que el Ejército destino a menudo a reclutas al servicio de las altas jerarquías eclesiásticas para que hagan de chófer.
Nadie ha planteado eliminar el flujo de dinero público hacia la Iglesia, pero ésta deberá a partir de ahora arrimar el hombro con dos nuevos impuestos. El primero grava en un 20% los ingresos que las instituciones eclesiásticas reciban de la explotación de sus propiedades. Esta medida ha provocado estupor entre algunos de los líderes ortodoxos helenos, como el obispo Anthimos de Tesalónica, quien afirmó que la tasa del 20% supone “un golpe entre los ojos”. “Se trata de un movimiento hostil, no intento esconderlo”, dijo el prelado en la televisión pública.
Las protestas no eran un brindis al sol. En las semanas siguientes, el pulso entre obispos y diputados llevó a un compromiso en el segundo impuesto previsto, que gravaba las donaciones efectuadas a la Iglesia. El Estado había pretendido llevarse el 10% de las que se hacen en efectivo y un 5% de las que se realizan en propiedades, pero a finales de marzo aceptó bajar las cantidades sustancialmente: a un 0,1% y un 0,5%, respectivamente. Una donación de padres a hijos, en cambio, se grava con una tasa de entre el 1,5 y 3,5%.
El Estado griego paga los sueldos de los 11.000 sacerdotes y obispos ortodoxosHasta 2004, las iglesias locales pagaban, al menos sobre el papel, una tasa del 35% sobre sus ingresos anuales, aunque la prensa griega señala que, dada la falta de controles por parte de Hacienda, es fácil que el porcentaje real fuera mucho menor. El primer ministro socialista Kostas Simitis anuló esta tasa en 2004, justo antes de las elecciones.
La posición dominante de la Iglesia no sólo se basa en las cifras ―un 97% de los griegos se consideran ortodoxos― sino también en la Constitución de 1975. Redactada en “el nombre de la santa y consustancial e indivisible Trinidad”, afirma que la “la religión que prevalece en Grecia es la de la Iglesia Ortodoxa”, obliga a los diputados a jurar su cargo en el nombre de esta misma Trinidad, prohíbe que se realicen traducciones de la Biblia sin autorización de la Iglesia, y permite intervenir la prensa si publica “ofensas contra la religión cristiana u otra”. Según la ley, cualquier templo de una religión distinta a la ortodoxa debe contar no sólo con el visto bueno del Estado sino también con el del obispado local.
El último enfrentamiento de Iglesia y Estado data de 2001, cuando el Gobierno socialista de Kostas Simitis decidió eliminar la casilla de ‘religión’ del carné de identidad griego. Según el Patriarcado, que presentó tres millones de firmas contra la iniciativa, ésta era “un crimen contra la nación” porque “ser ortodoxo es parte de ser griego”.
Al tiempo que critican los nuevos gravámenes impuestos por el Gobierno socialista, los obispos griegos se están preparando ahora para intentar paliar los efectos de la crisis y de los recortes. El panorama es calcado al de España, donde muchos de los desarrapados que está dejando la recesión sólo encuentran apoyo en las parroquias.
“Las consecuencias de las nuevas medidas se sentirán más fuerte después del verano, así que estamos entrenando a los sacerdotes para que sean capaces de afrontar la crisis”, anunció el reverendo Gabriel Papanikolaou. “Suministraremos comida, ropa y otros bienes, además de atención pastoral y psicológica a las personas que pierdan su empleo”.
Mejor imagen
Los nuevos impuestos y el programa de ayuda para los desfavorecidos tal vez contribuya a mejorar la imagen de la Iglesia ortodoxa entre buena parte de los griegos. Cuando los manifestantes decían a gritos “¡Que paguen los ricos!” también se referían a los órganos eclesiásticos. Según recoge el diario Financial Times, la imagen de la Iglesia no es precisamente la mejor: en 2005, el propio sínodo destituyó a Panteleimon, metropolitano de Ática, tras un juicio por malversación que descubrió tres millones de euros en sus cuentas bancarias. Otros obispos fueron arrestados por mantener redes de sobornos, contactos con traficantes de droga o contrabando de antigüedades.
Un capítulo aparte es la ‘república monástica’ del Monte Atos, una península cerca de Salónica en el noreste de Grecia, que goza de total autonomía, acorde a la Constitución griega y, además, no depende del Patriarca de Grecia sino del Patriarca Ecuménico de Constantinopla (con sede en Estambul). Pero sus monasterios ―todos masculinos, dado que las mujeres no deben pisar siquiera este territorio de 335 km2― poseen una gran cantidad de propiedades inmobiliarias en otras partes de Grecia e incluso en los Balcanes y Turquía. En 2008 se demostró que el Gobierno griego estaba llevando a cabo centenares de intercambios de estos terrenos por otros públicos de mucho mayor valor, luego revendidos oportunamente por los monjes. El escándalo, que acarreó pérdidas de más de 100 millones de euros para el Estado, causó la dimisión de dos ministros griegos, Theodore Roussopoulos y Georgios Voulgarakis.
“Me alegro de los gravámenes: ellos deben hacer como todos. El sueldo de los sacerdotes lo paga el Estado y, hasta ahora, disfrutaban de demasiados privilegios”, cuenta Theodoros, un joven taxista ateniense que, como la mayoría de sus colegas del transporte público, participó en la huelga general que bloqueó el país.